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Inseguridad: otra derrota del sentido común que riega muerte y resignación

La muerte de Lucas Iván Cancino, el quilmeño de 17 años asesinado a puñaladas cuando iba a la escuela, caló muy hondo en los vecinos y se llevó la atención de toda la prensa nacional. Junto a el, en otros puntos del conurbano, hubo dos víctimas fatales más de esta delincuencia creciente que no deja vivir. El hartazgo asoma una vez más y también la indignación discursiva de quienes tienen el poder de empezar a resolver este problema enquistado en el país. Solo falta una cosa: decisión.

Por Martín Vassena

La vida de Lucas valió una mochila, un celular y una bicicleta. Por esas pertenencias, el delincuente que lo asaltó no dudó en hundir el cuchillo en su pecho y producirle una agonía horrible de muerte que terminó con su vida minutos después. Una mochila, un celular y una bicicleta. Eso valió la vida de un chico con sueños, proyectos y ganas de hacer las cosas bien. En algunos casos, los asesinos no terminan robando nada. Como dijo un vecino en la manifestación de anoche, pareciera que "salen a matar por matar".

Ambos delincuentes que asaltaron a Lucas tenían antecedentes y uno de ellos había estado preso solo cuatro días tras un robo agravado por el uso de armas. Tenía una condena en suspenso, excarcelable, que le permitió estar en la calle libremente y cruzarse con Lucas. Para la Justicia, ese joven peligroso para la sociedad podía compartir la vía pública con chicos como Lucas, interesados en estudiar y vivir honestamente. Y es allí donde todos sentimos que el mal triunfa sobre el bien. Dónde, aunque quizás no sea literalmente así, la comunidad siente que el delincuente "tiene más derechos que la gente de bien". Dónde cuesta entender cómo pasan años, décadas y no hay un consenso absoluto para, al menos, reconocer que este sistema que nos rige penal y judicialmente, no anda bien.

Ese es el escenario donde el sentido común pierde por goleada. Ya estamos acostumbrados a sus derrotas. Modelos de país que atentan contra la producción, que gastan más recursos de los que ingresan. Que dicen buscar inclusión y terminan excluyendo cada vez más. Y en el ámbito de la seguridad pública, ese constante garantismo que se instaló fuertemente y que le da a un delincuente la seguridad de salir a robar con la certeza de que pronto podrá quedar en libertad con algún tecnicismo jurídico, de esos que parecen inventados para siempre concederles beneficios. Esa mirada pro derechos humanos que en muchas cuestiones suena lógica salvo por un detalle: en nada contempla a las víctimas de delitos, en nada protege al ciudadano de bien.

En el medio, muchos aspectos que necesitan resolverse y que también hacen al fenómeno de la inseguridad. Más allá de que pobreza no es sinónimo de delincuencia, es cierto que las desigualdades sociales tienen una influencia en esta realidad insoportable. Otra discusión repetida, válida pero con resultados estériles hace décadas son el funcionamiento del sistema penitenciario. Su corrupción evidente, su falta de control y recursos y su poco interés en cumplir la función de reinserción. No deja de ser cierto que quienes entran allí, muchas veces salen peores que antes. Y, por supuesto, la necesidad de más control y de mejores salarios, formación y recursos para la Policía, muchas veces en desventaja ante esta situación y empañada otras tantas por casos de corrupción.

Sin embargo, estas múltiples causas parecen servir de excusa para no atender lo urgente. Se sabe que requieren soluciones de fondo que puedan demorar décadas y eso parece bastar para una clase dirigente que, mientras tanto, prefiere lamentar (si lo lamenta) en lugar de evitar. Una clase dirigente que en muchos casos tiene connivencia con la delincuencia mientras le sirva para fines políticos, sindicales o de "negocios".

Marcelo Romero, fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, dijo en declaraciones televisivas que el problema radica lisa y llanamente en la ideología y que "se pueden mejorar leyes pero por más que tengamos el mejor Código Penal del mundo, si los magistrados son abolicionistas de las penas o no quieren aplicarlas, todo seguirá igual". Y mencionó la tan cuestionada "doctrina" del juez Eugenio Zaffaroni, en la que se hace hincapié en el concepto del delincuente como víctima del sistema por la falta de oportunidades. "En la Facultad de Derecho, la formación de los futuros magistrados sólamente contempla la doctrina Zaffaroni. No digo que no se enseñe, porque es un jurista destacado, pero que también se de lugar a otras miradas del derecho penal", señaló.

Mientras tanto, en ese triunfo de la ideología sobre el sentido común, pierde la gente. Y mientras duplica los esfuerzos para estudiar, trabajar, producir y motorizar el país, restringiendo libertades para sortear azarosamente algún episodio delictivo que, como la ruleta rusa, a veces puede tocar igual; gran parte de la clase dirigente de la política y la Justicia seguirá haciéndose la distraída apelando a que se extinga esta discusión reabierta por el crimen de Lucas. Y cuando el ruido pase y otra tragedia traiga consigo el olvido, sólo quedará el vacío para una familia desgarrada para siempre. Una de tantas en esta Argentina invivible.