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El "Barba" Gutiérrez, camino a juicio oral por corrupción: de qué se lo acusa

La Justicia ratificó su procesamiento en una causa por corrupción que lo tiene en camino hacia un juicio oral. El ex intendente había pedido revisar su situación judicial, pero su solicitud fue rechazada por la Cámara de Federal de Casación.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña tomaron esta decisión por considerar que no se trata de fallos definitivos o resoluciones que pongan fin a la investigación. En contrapartida, Ana María Figueroa había aceptado ese pedido "“dada la particular circunstancia del caso en cuanto podría configurarse un supuesto de arbitrariedad de sentencia, encontrándose en juego el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso”. Como al "Barba" Gutiérrez fueron rechazados los pedidos de otros tres ex intendentes: Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán; Carlos Racciatti (Lezama) y Francisco Durañona y Vedia (San Antonio de Areco).

El ex intendente, histórico dirigente sindicalista de la UOM local y vecino de Quilmes Oeste de 70 años de edad, gobernó el distrito entre 2007 y 2015. Fue el único jefe comunal quilmeño que fue reelecto. Hace dos años el juez Claudio Bonadío decidió procesarlo en una causa que investiga un supuesto fraude a la adminsitración pública nacional por desvío de fondos que había asignado el Gobierno de Cristina Kirchner a Quilmes y otros distritos bonaerenses y de las provincias de Chaco, La Rioja y Santa Cruz. En total hay 92 intendentes y ex intendentes procesados, y también a los ex jefes de gabinete de ese gobierno kirchnerista: Aníbal Fernández (ex intendente de Quilmes y hoy funcionario), Jorge Capitanich (actual gobernador de Chaco) y Juan Abal Medina; así como otros tres ex secretarios del área de Medio Ambiente nacional.

De qué lo acusan al "Barba" Gutiérrez

Se investiga el desvío de más de $604 millones que distintos municipios recibieron de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación entre 2013 y 2015. De acuerdo al expediente, el dinero había sido repartido "sin control, de manera arbitraria y con desigualdad" en el marco de un programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), cuyos proyectos estaban destinados a erradicar basurales a cielo abierto, comprar maquinarias y vehículos para la recolección y realizar campañas de concientización, además de construir o ampliar plantas de tratamiento, relleno sanitario y fomentar el reciclado.

Los intendentes presentaban proyectos y el Ejecutivo nacional giraba el dinero pero no habría existido control o auditorías de cómo los municipios utilizaban esos recursos. Se pudo establecer que más del 75% de estos proyectos no fueron completados ni comenzados. De hecho, el primer relevamiento de datos que se hizo en la investigación arrojó que del análisis de 121 proyectos vinculados a este programa y por los que se adjudicaron fondos, sólo 22 intendentes los ejecutaron un 18%. Del resto, 44 intendentes lo hicieron de forma parcial (36%) y otros 55 (el 46%) ni siquiera los comenzaron.

El 80% del dinero para ese programa fue repartido entre las provincias Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz. Y, en contraste, se les negó a Catamarca, Jujuy, Forrmosa, Mendoza, Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y San Juan.

La  denuncia contra Gutiérrez fue presentada en 2016 por la entonces diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, representada por la abogada quilmeña y actual legisladora del Congreso por el mismo espacio, Mónica Frade. En el marco de la causa, fueron acusados el ex secretario de Hacienda y Gobierno municipal, Alejandro Tozzola, y al ex director de Compras de la Municipalidad, Hugo Muñoz.  Ese mismo año, se ordenó un allanamiento en la Municipalidad de Quilmes para buscar expedientes que contuvieran tramitaciones de obras realizadas con dinero del Gobierno nacional entre 2007 y 2015.